En un contexto de fuerte incremento en las detenciones migratorias en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha confirmado que al menos diez ciudadanos mexicanos han muerto mientras estaban bajo custodia del Immigration and Customs Enforcement (ICE) entre 2025 y marzo de 2026, en lo que organizaciones de derechos humanos y autoridades diplomáticas describen como un problema sistémico preocupante.
La muerte más reciente y uno de los casos con mayor visibilidad pública es la de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, residente de Los Ángeles, quien falleció a finales de febrero de 2026 en el Centro de Procesamiento de Adelanto (California) después de que se reportara que perdió el conocimiento en su celda y fue trasladado a un hospital, donde murió horas después. Su familia y representantes locales han denunciado que se le negó atención médica oportuna, pese a padecer diabetes y otros problemas de salud.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó de inmediato los protocolos de protección consular tras conocer la noticia, a través del Consulado de México en San Bernardino, y ha exigido a las autoridades estadounidenses:
- El expediente médico completo del fallecido.
- Informes de custodia y vigilancia.
- Determinar las causas reales de la muerte.
- Asegurar la transparencia y verdad de los hechos para esclarecer posibles negligencias.
La SRE ha subrayado que la protección de los derechos humanos de mexicanos en el extranjero es una prioridad y que este tipo de situaciones deben investigarse a profundidad para determinar responsabilidades y evitar que se repitan.
Escalada de muertes en ICE: cifras y contexto
Los datos oficiales y reportes periodísticos indican que 2025 fue uno de los años más letales en cuanto a muertes bajo custodia de ICE en más de dos décadas, con 32 personas fallecidas en centros de detención en ese año, mientras que el ritmo acumulado de muertes en 2026 sigue siendo alto.
De estos, al menos diez casos corresponden a paisanos mexicanos según recuentos de fuentes diplomáticas y medios informativos, un número que representa un aumento respecto a años anteriores y que se suma a una tendencia general de crecimiento de muertes dentro del sistema de detención migratoria estadounidense.
Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que el Estado mexicano mantenga acciones firmes y sostenidas para proteger a los mexicanos detenidos en EE. UU., subrayando la necesidad de acceso a la verdad, rendición de cuentas y sanción a responsables si se comprueba negligencia.
Las muertes se han producido en medio de un aumento histórico en las detenciones migratorias bajo la actual administración en Washington, con ICE operando a niveles récord de población detenida y con un fuerte impulso a expandir la infraestructura de centros de retención en todo el país.
Legisladores y defensores de derechos humanos han denunciado condiciones deficientes de atención médica, hacinamiento, demoras en traslados hospitalarios y falta de transparencia en la gestión de custodia. Además, el elevado número de fallecimientos en 2025 y 2026 ha generado llamados al Congreso de EE. UU. para revisar la supervisión y regulación de los centros de detención.
El aumento de muertes ha tensado las relaciones migratorias y diplomáticas entre México y Estados Unidos. Funcionarios mexicanos han enviado notas diplomáticas y mantienen exigencias de investigaciones exhaustivas y mejor protección consular para prevenir futuros casos.
Al mismo tiempo, organizaciones civiles señalan que, más allá de los números, estos casos reflejan una situación humanitaria grave que afecta no solo a quienes son detenidos, sino también a sus familias, que enfrentan procesos largos y opacos para obtener información o repatriar los restos de sus seres queridos.
La confirmación de al menos diez muertes de mexicanos bajo custodia del ICE en apenas un año y medio, y el contexto de récord de muertes a nivel nacional en EE. UU., ha encendido una discusión crítica sobre las políticas migratorias actuales y las condiciones dentro de los centros de detención. Las autoridades mexicanas han llevado estas demandas de investigación hasta instancias diplomáticas, mientras defensores de derechos humanos exigen reformas profundas para garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas migrantes bajo custodia.