Diego H.
Toluca, Estado de México, 13 de mayo de 2025.– En un esfuerzo por fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas, el Gobierno del Estado de México aprobó una inversión de 15 millones de pesos provenientes del Fondo Estatal de Desaparición. Esta medida forma parte de una estrategia institucional orientada a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la dignidad de las familias afectadas.
Durante la primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fondo correspondiente al año 2025, se acordó de manera unánime destinar 12 millones de pesos a la adquisición de tecnología, insumos, uniformes y equipo especializado para la ejecución de operativos de búsqueda, tanto en campo como en gabinete.
Los tres millones de pesos restantes serán canalizados a la contratación de servicios esenciales, incluidos arrendamientos, con el objetivo de asegurar una respuesta oportuna y eficiente en las acciones operativas.
El consejero jurídico del Gobierno estatal, Jesús George Zamora, destacó que el marco normativo del Fondo permite a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) ejercer los recursos de forma ágil y con total transparencia, facilitando así una amplia gama de adquisiciones y contrataciones necesarias para sus labores.
“Otorgamos a la Comisión la flexibilidad necesaria para que, en lo que respecta a arrendamientos o equipamiento, pueda adquirir cualquier herramienta o servicio indispensable para la búsqueda”, afirmó George Zamora.
Por su parte, Alma Patricia Bernal Oceguera, titular en funciones de la Cobupem, puntualizó que estos recursos estatales se complementan con apoyos federales gestionados ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los cuales ascienden a 18 millones 868 mil 173 pesos. De ese monto, precisó, ya se encuentra en proceso de liberación una primera ministración de 13 millones 207 mil pesos, correspondiente al 70 por ciento del total.
En el mismo acto, se formalizó la incorporación de María Rocío de Jesús Torres al Comité Técnico en calidad de representante de la sociedad civil, fortaleciendo así la pluralidad y legitimidad del órgano encargado de supervisar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la localización de personas desaparecidas.
