La Fiscalía mexiquense informó que continúan abiertas las investigaciones para otros dos detenidos; los hechos están relacionados con la Operación “Liberación”
Seis individuos fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, como resultado de acciones realizadas en el marco de la Operación “Liberación”, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Entre los imputados se encuentra una servidora pública, identificada como regidora del municipio de Ixtapan de la Sal. De acuerdo con la institución, los detenidos permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se desahoga la etapa de investigación complementaria.
Los inculpados, identificados como Gonzalo “N”, Yareli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, fueron aprehendidos el pasado 21 de julio en la zona sur de la entidad, tras diversas diligencias en las que participaron fuerzas de seguridad estatales y federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad estatal y la Comisión Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión.
Perfil de los implicados
Gonzalo “N”, identificado como dirigente del sindicato Bradosva, enfrenta cargos por extorsión agravada. Según la investigación, el 20 de febrero de 2025 interceptó, junto con otros sujetos armados, a una víctima en la carretera Valle de Bravo-Toluca. Le exigió el pago de “derecho de piso” y estableció una tarifa obligatoria de 15 mil pesos por ingreso y 2 mil 500 por cada traslado de materiales, con el fin de controlar el suministro de materiales de construcción en esa zona.
Yareli “N”, quien ocupa el cargo de tercera regidora en Ixtapan de la Sal, está acusada de participar en el secuestro exprés de un comerciante durante el mes de abril. Según la denuncia, la funcionaria retuvo a la víctima en un hotel del municipio y le exigió dinero bajo amenaza de dañar a su familia, aludiendo a presuntos vínculos con una organización criminal originaria de Michoacán.
Jorge “N”, líder de una red de madererías en Valle de Bravo, habría extorsionado a otro comerciante con la exigencia de 100 mil pesos iniciales, además de pagos mensuales, imponiendo la obligación de comprar madera exclusivamente con él.
Antonio “N”, vinculado a un grupo que distribuye carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, fue acusado de amenazar a una persona el pasado 11 de marzo para obligarla a adquirir productos cárnicos solo con él, bajo advertencia de represalias en caso de incumplimiento.
Alicia “N” y José Fernando “N”, presuntamente miembros de una organización criminal con presencia en Michoacán, enfrentan cargos por presionar a una persona a comprar madera con un sobrecosto del 12%, advirtiendo que le impedirían continuar con su trabajo si se negaba.
Proceso judicial en curso
La FGJEM precisó que dos personas más permanecen bajo detención: Eli “N”, cuya audiencia tuvo lugar el pasado 27 de julio, y Bernardo Alejandro “N”, cuya situación jurídica será definida este 28 de julio.
La autoridad judicial otorgó un plazo para investigación complementaria que vence el próximo 23 de septiembre. En caso de encontrarse culpabilidad, las penas podrían alcanzar hasta 80 años de prisión, o cadena perpetua en casos de secuestro exprés con fines extorsivos. Para el delito de extorsión agravada, las condenas podrían ascender hasta 70 años de cárcel.
Finalmente, la Fiscalía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos de forma anónima a través del número 089, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.