La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha identificado una estructura delictiva compleja, integrada por organizaciones criminales y agrupaciones sociales autodenominadas “sindicatos”, dedicada al despojo ilegal de bienes inmuebles en varias entidades del centro del país, incluyendo el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, estas redes operan con violencia, emplean documentos apócrifos y presuntamente cuentan con respaldo o complicidad de servidores públicos de distintos niveles gubernamentales. Las ganancias derivadas de esta actividad ilícita ascienden a millones de pesos.
Entre las organizaciones señaladas se encuentran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Los 300, Los Mayas y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), cuyos miembros han sido detenidos recientemente por su presunta implicación en la ocupación ilegal de predios en Ecatepec. Además, el pasado 23 de mayo, fue aprehendido en el estado de Veracruz Hugo Francisco “N”, líder de la agrupación Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), acusado de extorsión y despojo.
La FGJEM también investiga posibles vínculos entre estos grupos y exfuncionarios del gobierno municipal de Ecatepec, quienes podrían haber facilitado u omitido acciones que permitieran la expansión de estas prácticas delictivas. En paralelo, en Nezahualcóyotl se han detectado células de las organizaciones Los Mazos y Los Muletas, mientras que 15 presuntos integrantes de Resistencia Civil Pacífica (RCP) fueron arrestados por invadir propiedades.
Modus operandi: un esquema sistemático
Los gobiernos locales, particularmente en municipios del oriente mexiquense, han documentado un patrón de actuación meticuloso. El proceso inicia con la identificación de predios en aparente abandono —con señales como maleza crecida o estructuras deterioradas— y se realiza vigilancia prolongada para asegurar que estén deshabitados. Posteriormente, introducen a ocupantes, comúnmente jóvenes, quienes permanecen en el sitio para evitar ser desalojados en flagrancia.
En cuestión de horas, los inmuebles son asegurados por grupos de entre 10 y 15 personas, en ocasiones armadas, que intimidan tanto a vecinos como a posibles residentes. La siguiente etapa incluye la falsificación de documentos para simular la propiedad o tenencia legal del lugar. Las denuncias apuntan a que estos papeles son avalados mediante sobornos a notarios, funcionarios del Instituto de la Función Registral y empleados del Poder Judicial.
El objetivo final suele ser la venta o renta irregular de las propiedades, muchas veces a terceros que desconocen su origen ilícito. Esta red opera con una jerarquía bien definida, con tareas específicas que van desde la identificación de inmuebles hasta su “legalización”, lo que revela un nivel de organización comparable al de estructuras criminales consolidadas.
Algunas de estas agrupaciones tienen antecedentes como organizaciones gremiales con fines legítimos, pero, según las autoridades, se han desvirtuado hasta convertirse en plataformas para la comisión de delitos, aprovechando incluso rivalidades y pactos políticos.
Complicidad institucional y desprotección jurídica
Las indagatorias también revelan una posible red de funcionarios públicos, incluidos jueces y empleados judiciales, que comercializan información sobre propiedades deshabitadas o con adeudos, facilitando su ocupación. La violencia o la amenaza de su uso es frecuente contra los legítimos propietarios, quienes son obligados a abandonar sus viviendas.
Los inmuebles sin registro ante el Instituto de la Función Registral o sin regularización catastral son especialmente vulnerables, al igual que aquellos en renta que permanecen vacíos por largos periodos. Personas adultas mayores han sido blanco de estos grupos, quienes los obligan a desocupar sus viviendas mediante presiones físicas o psicológicas.
Aumentan denuncias por despojo
Entre 2018 y abril de 2025, la fiscalía del Estado de México ha recibido 32 mil 972 denuncias por delitos relacionados con el despojo de inmuebles. El año 2024 fue el más crítico, con 4 mil 936 querellas.
Las cifras por año son las siguientes:
- 2018: 3,579
- 2019: 3,696
- 2020: 4,559
- 2021: 4,921
- 2022: 4,752
- 2023: 4,886
- Enero a abril de 2025: 1,643 (402 en enero, 402 en febrero, 396 en marzo y 443 en abril)
Ecatepec encabeza la lista de municipios con más casos, con 3,765 denuncias, seguido por Tecámac (1,750), Nezahualcóyotl (1,727), Toluca (1,647), Chimalhuacán (1,543), Ixtapaluca (1,446), Chalco (1,290), Cuautitlán Izcalli (1,103), Naucalpan (1,040) y Tultitlán (1,007). Estas diez demarcaciones concentran cerca del 50% del total de denuncias estatales.
La FGJEM ha destacado que no todas las querellas están relacionadas con actividades de organizaciones criminales, ya que también se presentan conflictos por herencias, arrendamientos y disputas familiares. Por ello, se ha creado la Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, que deberá clasificar los casos conforme a su origen y gravedad.
Según las autoridades, estos delitos abarcan tanto ocupaciones forzadas como no violentas, y pueden involucrar terrenos, viviendas, edificios e incluso cuerpos de agua. La Fiscalía insiste en que el combate a esta problemática requiere coordinación interinstitucional y una política pública que garantice la protección efectiva del derecho a la propiedad.