Ecatepec, Méx.— Una operación conjunta entre autoridades federales, estatales y municipales permitió el aseguramiento de una bodega en la colonia Santa Cruz Venta de Carpio, en la cual operaba presuntamente un centro de monitoreo no autorizado que interfería de manera ilegal con el sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de este municipio mexiquense.
La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como por fuerzas municipales, incluyendo la Policía Metropolitana y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
De acuerdo con fuentes consultadas, el inmueble asegurado —con razón social “ZAVOLI Conversiones de Autos a Gas Natural”— habría sido utilizado para acceder sin permiso al sistema de cámaras distribuidas en diversas zonas de Ecatepec. Durante el cateo, autorizado por mandato judicial y coordinado con la Fiscalía de Asuntos Especiales, se localizaron diversos dispositivos tecnológicos de alto valor económico, muchos de ellos relacionados con el llamado Proyecto Jaguar II.
Entre lo asegurado destacan antenas bipolo, fibra óptica, cámaras de videovigilancia, herramientas especializadas y conexiones en tiempo real al sistema municipal del C4. El valor total del equipo incautado se estima en aproximadamente 20 millones de pesos.
Investigación por desvío de recursos
Las indagatorias se originaron a partir de una denuncia presentada por el actual gobierno municipal de Ecatepec, el cual identificó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados al Proyecto Jaguar II, desarrollado durante la administración del exalcalde Fernando Vilchis Contreras.
Autoridades sospechan que este centro operaba desde 2024 sin estar registrado oficialmente, y que su objetivo era acceder de forma paralela al sistema de vigilancia urbana con propósitos aún no esclarecidos, lo que podría constituir una grave violación a la legalidad y a la privacidad de la ciudadanía.
El lugar quedó bajo resguardo de personal especializado de la Secretaría de Marina, la Policía de Inspección Interna de la FGJEM y elementos municipales, mientras se realizan los peritajes correspondientes.
La FGJEM continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles delitos relacionados con el uso indebido de infraestructura pública, así como la posible existencia de una red alterna de monitoreo sin supervisión institucional.
Finalmente, mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Marina reiteró su disposición a colaborar con los distintos niveles de gobierno para desmantelar estructuras ilegales que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. “Reafirmamos nuestro compromiso con el Estado de Derecho y el respeto al debido proceso”, subrayó la dependencia federal.
