A partir del 16 de julio, ocupar ilegalmente un inmueble en el Estado de México será considerado un delito grave que amerita prisión preventiva y castigos más severos, conforme a las reformas recientemente aprobadas por el Congreso local y publicadas en la Gaceta del Gobierno.
Las modificaciones al Código Penal del Estado de México surgen tras casos emblemáticos como el de doña Carlota —una mujer de la tercera edad que enfrentó un violento conflicto por la invasión de su vivienda en Chalco— y tienen como objetivo frenar la ocupación irregular de bienes inmuebles, una problemática creciente en la entidad.
Con esta reforma, quienes sean acusados de despojo no podrán seguir su proceso en libertad bajo fianza y tendrán que enfrentar el juicio desde prisión. Las penas contemplan de 5 a 10 años de cárcel y multas económicas que van de 700 a mil días de salario, calculadas según los ingresos del acusado.
Además, se estipulan agravantes que aumentan la sanción hasta en un 50% si el delito se comete con violencia, mediante el rompimiento de cerraduras o ventanas, contra adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o pueblos indígenas. También se endurecen los castigos cuando hay intervención de más de una persona, o cuando se facilita la invasión mediante funcionarios públicos, notarios o personal del Instituto de la Función Registral.
Para los autores intelectuales, servidores públicos implicados, o instigadores del despojo, las penas escalan hasta los 12 años de prisión, además de las multas previamente mencionadas. En caso de que se cometan otros delitos durante el proceso de invasión, también se les considerará responsables, aunque no hayan participado directamente.
Otro aspecto relevante es la ocupación irregular de predios considerados como áreas naturales protegidas. Esta conducta también será sancionada bajo las nuevas disposiciones, al igual que el uso o desvío ilegal de recursos hídricos.
Restitución inmediata del inmueble
Uno de los cambios más significativos está en el procedimiento para recuperar el bien. El nuevo artículo 308 del Código Penal establece que una vez que el afectado acredite ser dueño o poseedor legítimo, el Ministerio Público estará obligado a solicitar al juez, en un plazo máximo de 24 horas, la restitución provisional del inmueble, sin necesidad de agotar un juicio civil.
El juez de control deberá resolver el caso en un lapso de 48 horas, y podrá autorizar el uso de la fuerza pública para garantizar la entrega del predio. En caso de que el acusado demuestre de forma clara y oportuna un derecho legal sobre la propiedad, el procedimiento se detendrá. Cualquier negativa injustificada por parte del Ministerio Público será sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado.
Asimismo, quienes impidan la restitución sin un derecho legítimo podrán ser desalojados por la fuerza y enfrentar cargos por resistencia de particulares.
Incremento de casos de despojo en la entidad
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2025 se reportaron 861 carpetas de investigación por despojo en Edomex, lo que representa un aumento del 7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 804 casos. El incremento es aún más notorio si se compara con los datos de 2019, con un alza del 68% respecto a los 512 casos registrados entonces.
CDMX analiza medidas similares
En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el gabinete de seguridad capitalino evalúa la creación de un organismo especializado en combatir el despojo de inmuebles, debido a la magnitud del problema.
“Estamos pensando en que este tema sea atendido por un organismo exclusivo, además de las tareas que ya realiza la Fiscalía”, indicó la mandataria. Como parte de las acciones inmediatas, el pasado 8 de julio se instaló una mesa de atención ciudadana en el Zócalo para apoyar a víctimas de invasiones y ocupaciones ilegales.
Las autoridades mexiquenses confían en que estas nuevas medidas logren frenar el avance de este delito, brindar justicia pronta a los afectados y restaurar el Estado de Derecho en materia de propiedad.