Empresarios del sector energético en el Estado de México denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de elementos de la Policía Ministerial Federal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes desde diciembre pasado realizan supuestos operativos en municipios del norte de la entidad.
De acuerdo con los testimonios, los agentes federales acuden principalmente los fines de semana a gaseras y estaciones de servicio ubicadas en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, bajo el argumento de combatir la venta de combustible robado. Sin embargo, los empresarios señalan que dichas acciones carecen de sustento legal, al no presentarse órdenes formales ni documentación oficial.
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Los afectados aseguran que, tras revisiones superficiales, los agentes amenazan con clausuras prolongadas y la apertura de carpetas de investigación, lo que deriva en exigencias económicas que van de los 100 mil a los 200 mil pesos mensuales.
Representantes del sector indican que los establecimientos cuentan con permisos vigentes de la Secretaría de Energía, Protección Civil estatal y autoridades municipales, por lo que consideran injustificado el hostigamiento.
Asimismo, informaron que la Fiscalía General de la República tiene conocimiento de las denuncias y que existe un expediente abierto en el área de Asuntos Internos, mientras que los empresarios exigieron una investigación a fondo para frenar el presunto acoso institucional que pone en riesgo la operación de negocios legales y el abasto energético en el Estado de México.