Tlalnepantla, Méx.— Una red de presunta corrupción en la administración municipal pasada (2022-2024) de Tlalnepantla está siendo investigada por el actual gobierno local, encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz, quien denunció el posible desvío de cientos de millones de pesos mediante contratos irregulares, obras inexistentes y documentos alterados.
Durante una conferencia de prensa, el presidente municipal informó que ya se han iniciado procedimientos administrativos y legales contra 215 exfuncionarios públicos, de los cuales 187 pertenecían al ayuntamiento y 28 al organismo operador de agua (OPDM). En al menos cinco de estos casos, ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México.
Entre los hechos señalados destaca un contrato por 148 millones de pesos destinado a la colocación de 20 mil luminarias, cuya ejecución no ha podido ser verificada. “El contrato es ambiguo y no existen pruebas de que las luminarias hayan sido instaladas”, declaró el edil, subrayando que no hay justificación alguna del uso de esos recursos.
Otro caso bajo investigación es el programa “Tarjeta Joven”, en el que se habrían desviado 22 millones de pesos, supuestamente mediante la falsificación de firmas de beneficiarios. “Tenemos testimonios que acreditan que las firmas fueron simuladas para justificar la entrega de apoyos que nunca llegaron”, aseguró Pérez Cruz.
Asimismo, se detectaron proyectos de infraestructura que fueron pagados pero jamás ejecutados, lo cual —advirtió el alcalde— constituye un delito penal. Mencionó como ejemplo supuestas obras de perforación de pozos y rehabilitación de cisternas, que solo existieron en el papel.
Las anomalías también se extienden al área de recursos humanos, donde se identificaron manipulación de documentos oficiales, firmas apócrifas y pagos indebidos por gratificaciones que alcanzaban más de 600 mil pesos mensuales sin justificación. En el sector deportivo, se investiga un posible conflicto de interés, ya que el titular del área también fungía como representante legal de una empresa beneficiada con el uso de instalaciones municipales.
Pérez Cruz vinculó estos presuntos actos de corrupción con la falta de una entrega-recepción formal al inicio de su administración. “La gestión anterior se negó a entregar información. No proporcionó cifras ni datos. Fue un acto deliberado para ocultar las irregularidades cometidas”, aseguró.
El edil señaló que, por razones legales y para no comprometer las investigaciones en curso, no se han revelado los nombres de los exfuncionarios involucrados, aunque insistió en que no habrá contemplaciones para quienes resulten responsables.
“No voy a tener piedad”, sentenció.