CHIMALHUACÁN, Méx.— En los primeros cuatro meses de 2025, este municipio —bajo la administración de la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez— concentró el 29 % de las averiguaciones previas por secuestro iniciadas en todo el Estado de México.
De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril se abrieron siete carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad en territorio mexiquense; dos de ellas corresponden a hechos ocurridos en Chimalhuacán.
La cifra duplica la estadística local de 2024, cuando solo se reportó un expediente por ese ilícito durante todo el año, también bajo el gobierno de Flores Jiménez.
Aunque la incidencia estatal de secuestro presentó una caída superior al 60 % respecto del último cuatrimestre de 2024 —periodo en el que se contabilizaron 17 casos—, Chimalhuacán volvió a figurar como el municipio con mayor número de denuncias al arranque de los nuevos trienios municipales.
Para que un evento sea tipificado como secuestro en la base de datos abierta del SESNSP, debe existir una privación de la libertad con la finalidad de obtener algún beneficio económico o cualquier otra contraprestación por la liberación de la víctima.
La Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece penas de hasta 100 años de prisión, cuya duración varía según el grado de violencia ejercida, la relación entre los agresores y la víctima, así como la posible participación de servidores públicos.